En este capítulo se presentan las perspectivas de las personas jóvenes acerca de cómo los gobernantes en función están tomando decisiones de asignación de fondos para la adaptación climática, nuevas tecnologías e innovación en El Salvador, al inminente Cambio Climático y Calentamiento Global asimismo, de qué están respondiendo ante las pérdidas y daños en el medioambiente y las afectaciones sociales que han resultado a través del tiempo en consecuencia del C.C y C.G. Todos los temas están permeados de forma transversal por dos pilares valóricos:
- Justicia Climática.
- Participación de las Juventudes.
No puede haber justicia ambiental sin justicia social y viceversa, ésto, es la base del inicio del cambio; y la participación de las juventudes es fundamental para el desarrollo y transformación hacia un futuro más resiliente con el medioambiente y las desigualdades sociales.
Datos generales[edit | edit source]
Según datos de portales de transparencia, se analizan estadísticas de contaminación en 219 empresas industriales, a pesar de que el Ministerio de Hacienda reporta registros de más de 1,000 empresas en esta área.
Según PNUD, el 88.7 % del territorio de El Salvador es susceptible a graves impactos de desastres naturales y aproximadamente el 95.4 % de la población de El Salvador está expuesta a cierto nivel de riesgo.
El Salvador ocupa la 19 posición por emisiones totales de CO2 por quema de combustibles fósiles (AIE, 2018) Nivel Latinoamericano.
Actualmente la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología solo establece la asignación de máximo 1% del PIB para proyectos que se enfoquen en adaptación, tecnología e innovación con objetivos ambientales.
El Salvador está ranqueado como el país #87 de 163 países evaluados en progresos sociales en el área de “Acceso a la información y comunicación” éste dato prueba que la población recibe muy poca educación sobre manejo y asignación de fondos.
2.1 Pérdidas y daños[edit | edit source]
El país enfrenta un importante rezago social agravado por la creciente vulnerabilidad climática y un bajo crecimiento económico, exacerbado por eventos mundiales recientes. Los actuales fenómenos climáticos, como el fenómeno de “El Niño”, están teniendo un fuerte impacto en diversas áreas, como la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la generación de energía, entre otras actividades, estos eventos reflejan una gestión social y ambiental deficiente a lo largo del tiempo en nuestro país. Esto es muestra de la falta de preparación para afrontar estos desafíos, junto con problemas de violencia, desigualdad e inseguridad que amenazan el desarrollo y la calidad de vida de la población.
Adaptación y resilencia[edit | edit source]
El mundo está experimentando cambios en el clima, incluyendo temperaturas, estaciones y fenómenos meteorológicos extremos, junto con efectos a largo plazo del cambio climático; por tanto, cuanto más se retrase la adaptación, más difícil y costosa será. La adaptación implica ajustar sistemas ecológicos, sociales y económicos para hacer frente a los cambios climáticos y aprovechar oportunidades. Por tanto, es urgente que países y comunidades desarrollen soluciones y acciones de adaptación para responder a los impactos actuales y futuros del cambio climático.
La adaptación y resiliencia son importantes, ya que son pilares fundamentales en la lucha contra el cambio climático, en la que permiten a las comunidades y los ecosistemas enfrentar y superar los desafíos cada vez más apremiantes. A medida que los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, las inundaciones y otros fenómenos, se vuelven más evidentes, la capacidad de adaptación se convierte en un componente esencial para garantizar la supervivencia y el bienestar de las sociedades. Por lo que, enfocarse en la adaptación y la resiliencia no solo ayuda a proteger a las comunidades, preservar la seguridad alimentaria y el acceso al agua, sino que también promueve la conservación de la biodiversidad y reduce los costos económicos asociados a los desastres naturales.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Diseñar y actualizar periódicamente los planes de contingencia basándose en los mapas de riesgo.
- Reducir el asistencialismo y aumentar la asignación de recursos para mitigar daños y pérdidas causadas por desastres naturales.
- Cumplir las políticas públicas orientadas a regular la explotación de los recursos naturales.
- Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que incluya indicadores accesibles al público para facilitar el acceso a información relevante sobre la adaptación al cambio climático en El Salvador.
- Fomentar la conciencia ambiental comunitaria mediante campañas que destaquen las amenazas del cambio climático.
2.2 Finanzas climáticas y transformación de las economías[edit | edit source]
La pandemia de COVID-19 ha destacado la interconexión entre varias crisis, incluida la crisis ecológica. Esto subraya la necesidad de reconsiderar cómo abordamos la economía, dando prioridad a la protección del medio ambiente. Para lograr una transformación, es crucial promover economías circulares sostenibles y crear conciencia sobre los impactos ambientales de nuestros patrones de producción y consumo. Esto incluye problemas como la concesión de permisos ambientales, el desempleo, la discriminación y la distribución desigual de recursos.
También, es imprescindible llevar a cabo una verdadera transformación presupuestaria y una reasignación de recursos del Estado apuntando a la vía sostenibilidad, puesto que, de acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles del GFLAC, El Salvador se encuentra en el puesto 2 del Ranking de Presupuestos Sostenibles, ya que asigna un 0.75% de su Presupuesto General específicamente para atender temas de cambio climático en el sector ambiental, energías renovables y eficiencia energética en el sector energético, y a la prevención y atención a desastres naturales (GFLAC, 2022); por lo que estos recursos siguen siendo insuficientes para atender los problemas ambientales.
Existe una estrecha relación entre las emisiones de GEI y el sector privado, puesto que los altos niveles de contaminación del aire debido a los GEI se deben a dos factores principales: por un lado, la emisión de gases en el sector económico productivo, especialmente en las empresas de industria y manufactura que utilizan fuentes de energía contaminantes; y por otro, la emisión de CO2 proveniente del uso de combustibles fósiles en medios de transporte particulares y públicos, volviéndose necesario exigir cumplimiento ciertos requisitos mínimos para poder circular. Ambos factores constituyen parte fundamental del desarrollo del país, por lo que deben abordarse de manera que se genere una situación de ganar-ganar en los sectores económico y ambiental.
Por otro lado, se debe abordar el tema del financiamiento climático, puesto que es uno de los que poseen menos recursos para atender los efectos del cambio climático en el Presupuesto General del Estado. De acuerdo con la información disponible, solamente el 0,28% del presupuesto total del país fue destinado al sector ambiental, del cual menos del 0,01% se etiqueta para cambio climático y la atención a desastres naturales (GFLAC, 2020). Asimismo, una parte considerable del financiamiento disponible para cambio climático proviene de fuentes de cooperación internacional, lo que se conoce como “financiamiento para el desarrollo dedicado a cambio climático”, el cual también es reducido y representa el 0,4% del total de recursos de cooperación para el desarrollo que recibe de los países del Norte de manera bilateral y otros fondos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Green Climate Fund, los Fondos de Inversión Climática y el Programa EUROCLIMA+ (GFLAC, 2020).
También, vale mencionar que, a día de hoy, no se cuenta con un sistema para el monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático en el país (MARN, 2021), lo que obstaculiza el acceso a información sistemática y actualizada para hacer un análisis más preciso de los recursos asignados desde el sector público para atender el cambio climático.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Fortalecer alianzas estratégicas regionales, nacionales y locales que involucren al sector público y privado para gestionar efectivamente el financiamiento climático para la adaptación y mitigación del cambio climático y el cumplimiento de las NDC.
- Promover el comercio justo local y fomentar la adopción de estrategias sostenibles y responsables con el medio ambiente tanto en el sector económico de El Salvador.
- Diseñar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación altamente efectivo, eficaz y transparente de proyectos destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático.
- Incrementar la asignación presupuestaria desde el Gobierno al ramo de medio ambiente y recursos naturales, con especial atención al presupuesto etiquetado para cambio climático y atención a desastres.
- Crear impuestos específicos en función del aumento de emisiones de CO2 y/o de cualquier otro tipo de contaminante en el medio ambiente, aplicable tanto a empresas salvadoreñas como extranjeras.
- Brindar información precisa sobre el estado actual del financiamiento climático en el país, en este caso, del Fondo Verde del Clima (FVC).
- Dar a conocer los mecanismos de asignación de fondos de pérdidas y daños de acuerdo a las prioridades e informar sobre el monitoreo, evaluación y verificación del cumplimiento de las NDC.
2.3 Tecnología en innovación[edit | edit source]
La tecnología representa una herramienta clave para la innovación y fortalecimiento de capacidades en materia adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, por medio de la cual se pueden diseñar procesos e implementar mecanismos aplicables a las ramas de gobernanzas más vulnerabilizadas. La CMNUCC ha establecido desde 1992 la transferencia de la tecnología climática (dirigida a reducir las emisiones de GEI, sistemas de alerta temprana, semillas resilientes y otros recursos que apoyan la adaptación a la variabilidad climática) como un factor clave para el desarrollo en bajas emisiones y resiliente al clima (MARN, 2023). Un marco normativo internacional que reafirma el esfuerzo de la cooperación tecnológica es el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, el el cual, este último establece tres temas centrales, uno de ellos sobre el fomentar acciones destinadas a reducir los impactos del cambio climático, impulsar la innovación y la transferencia de tecnología, así como reconocer la necesidad de apoyar a naciones afectadas por sus consecuencias.
Pero a pesar de estos compromisos, el gobierno se ha enfocado más en los proyectos que responden a otros intereses ajenos a la aplicación de nuevas tecnologías e innovación para la protección de los recursos y la adaptación al cambio climático, en su lugar estos están enfocados a la oferta de terrenos para la construcción de infraestructura para la radicación de empresas extranjeras y la minería de criptomonedas, procesos que afectan negativamente el medio ambiente (BNAMERICAS, 2021); esto es contrario a la necesidad de implementar técnicas y métodos más sostenibles que no afecten los recursos del suelo y garanticen la salubridad alimentaria.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Incrementar la asignación de fondos a la dependencias gubernamentales como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA) y otros organismos no gubernamentales, para estimular programas que desarrollen nuevas tecnologías e innovación sostenibles.
- Promover el diseño de planes y programas encaminados al uso de las tecnologías para la innovación, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, buscando el apoyo y acompañamiento técnico del Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) de la CMNUCC.
- Generar una mayor inversión en tecnología e innovación para nuevos emprendimientos con enfoque ambiental y sostenible que faciliten la adaptación de las comunidades hacia el desarrollo sostenible.
2.4 Transición energética[edit | edit source]
A pesar de que en 2022 casi el 76% de la energía inyectada a la red eléctrica de El Salvador estuvo compuesta por fuentes renovables, aproximadamente un 20% de la energía inyectada a la red eléctrica nacional provenía de importaciones de sus países vecinos, y el resto de generación con combustibles fósiles, sin mencionar que todavía existen lugares en el país sin acceso a la energía eléctrica.
Cabe resaltar que la aceleración de la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles es un objetivo clave tanto en la LCOY, la RCOY y en la COP 28. La transición energética es un concepto crucial en la lucha contra el cambio climático y se ha convertido en una prioridad global en los últimos años. Representa un cambio fundamental en la forma en que generamos y utilizamos la energía para minimizar el impacto negativo de las actividades humanas en el clima de nuestro planeta. Esta transición implica el abandono gradual de los combustibles fósiles, que son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo que es importante destacar que la transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que esto es el principal causante del cambio climático. Es por ello que la transición energética es fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático, este objetivo es especialmente urgente para El Salvador, por lo que establecer diversas estrategias y esfuerzos son esenciales para lograr con efectividad esta transición, y además, es fundamental tener en cuenta la transversalidad que implica esta área.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Implementar políticas y un marco legal e institucional sólido para controlar de manera efectiva la transición energética en El Salvador, al mismo tiempo que se garantice el acceso pleno a la información pública.
- Reservar un espacio para financiar proyectos de investigación dentro del Presupuesto General de la Nación, junto con asesoramiento ambiental adecuado y planificación estratégica para la gestión de procesos relacionados con la transición energética.
- Establecer una regulación clara para los consumidores y productores de energía, en la que tome en cuenta la experiencia de la aplicación de políticas energéticas con objetivos similares en países desarrollados y que garantice la calidad y seguridad energética en la red eléctrica nacional.
- Garantizar la sostenibilidad en la construcción de plantas geotérmicas y fuentes de energía alternativa mediante planificación y estudios previos sobre el impacto ambiental.
- Impulsar la diversificación tecnológica en la transición energética hacia fuentes sustentables y amigables con el medio ambiente para abandonar los combustibles fósiles.
