La lucha por la justicia climática representa un firme llamado a la acción para que los gobiernos, en su mayoría en naciones del Norte Global, puesto que son los mayores responsables de la vulnerabilidad que ha afectado a los países del sur, los que reciben el mayor impacto negativo del cambio climático.
1.1 Justicia climática y DDHH[edit | edit source]
La justicia climática va más allá del medio ambiente, es un asunto ético, social y político. Si no se logra, se vulneran derechos humanos esenciales, como el acceso a la vida, agua, salud, entre otros. Es crucial que el Estado ponga a las personas en el centro de sus políticas y las considere titulares de derechos. La injusticia climática afecta de manera desproporcionada a quienes menos contribuyeron al cambio climático, como las comunidades indígenas, que ya enfrentan marginalización y discriminación. Las mujeres también deben ser prioritarias en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y la protección contra los efectos del cambio climático. La lucha por la justicia climática debe ir de la mano de la justicia de género y la eliminación del racismo, colonialismo, clasismo, capitalismo y extractivismo.
Se debe entender como estas matrices de poder se entrelazan en los diversos niveles porque son matrices de sistemas de poder que nos han llevado a la crisis climática y que tenemos que tratar de entenderlas en su individualidad pero también en cómo se conectan para fortalecer las relaciones de poder que nos hace tan difícil romper. Para avanzar se debe desde un enfoque interseccional, contar con la participación en todos los espacios multinivel de las juventudes, y de poblaciones vulneradas, de forma tal que permitan llegar a una solución de alternativas ante esta crisis para alcanzar la justicia climática.
Justicia climática[edit | edit source]
La crisis climática sigue sin ser la crisis que se priorice en las agendas de desarrollo de los países, de los gobiernos y los pueblos. ¿Qué tiene que pasar para que la crisis climática la veamos con la urgencia que merece y necesita? Las juventudes están preocupadas por el caso de la mina Cerro Blanco ubicado en el Sur de Guatemala, en donde la empresa Bluestone Resources, propietaria de la mina, pretende colocar los desechos mineros, en donde pueden ocurrir deslizamientos de materiales a raíz de las lluvias. Además, es posible drenar químicos usados en la mina, los mismos que ocurrirían a través de las quebradas que tributan al río Ostúa y al lago de Güija. Esto no solo afecta la salud de las comunidades aledañas sino también está afectando la biodiversidad del Lago de Güija, uno de los sitios Ramsar de El Salvador. Además, este proyecto afecta a nuestra principal fuente de agua, el río Lempa, la cual abastece a más de cuatro millones de personas salvadoreñas.
Según (Ingrid Hausinger, 17 febrero 2022) especialista en hidrología expone que:
- La deforestación de 461 hectáreas para el barrido de Cerro Blanco.
- El uso de 38 millones de metros cúbicos de agua, afectando acuíferos guatemaltecos.
- Perforación de 300 metros de profundidad y 1,200 metros de largo para la mina a cielo abierto.
- El estudio de impacto ambiental no contempla el monitoreo de metales pesados y posibles sustancias radioactivas.
Otro ejemplo es el proyecto del “Tren del pacífico” en el cual se pretende realizar una construcción que iniciará en el occidente del país y terminará en la capital, atravesando toda la zona costera; este proyecto, al pasar por sitios protegidos, puede deteriorar la zona y generar un daño irreversible en la naturaleza. Ante estas construcciones, las poblaciones más vulnerables serían las más afectadas, al igual que supondría la destrucción completa de los ecosistemas. También cabe aclarar la falta de transparencia y acceso a la información que no se han incluido en este proyecto. Este caso es uno de tantos en los que El Salvador necesita que se haga justicia climática, ahora y podamos realizar un cambio que nos lleve a los procesos de sostenibilidad.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Que el gobierno de El Salvador se pronuncie y dialogue con Guatemala para solucionar la problemática del proyecto de minería de Cerro Blanco.
- Que el MARN brinde un informe detallado a la población sobre la situación y sus afectaciones para nuestro país.
- Incluir a la sociedad civil en procesos de toma de decisiones medioambientales con acceso a la información y recursos eficaces para las víctimas.
- Buscar soluciones en cuanto a las afectaciones que nuestros pueblos indígenas sufren producto del cambio climático.
- Se exige al MARN realizar estudios de impacto ambiental que cumplan con su debido proceso según la Ley del Medio Ambiente.
Derechos Humanos[edit | edit source]
El cambio climático genera una amenaza ante una serie de derechos humanos que están relacionados con la vida, el agua y saneamiento, de igual forma son afectadas la seguridad alimentaria, la salud, la vivienda y el desarrollo de una sociedad. No cabe duda que los impactos de la crisis climática amenaza todos los derechos humanos pero no afecta a todas las personas por igual, debido a diversos factores como el sexo, el género. El Estado debe ser garante de derechos y deberes que incluyan a toda la población sin excepciones para fomentar la equidad e igualdad en cada uno de sus gobiernos.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 76/300 de 28 de julio de 2022, reconoció por primera vez el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; la cual especifica que “todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluido este nuevo derecho”; por lo que se espera que los estados reconozcan este nuevo derecho.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Que el Estado proporcione y garantice un ambiente sano y libre para la población como un derecho fundamental, basado en el Art. 117 de la Constitución de la República.
- Evitar que el Estado permita y realice campañas donde se responsabilice a la población por la contaminación usando mensajes emocionales.
- Ejecutar proyectos para prevenir los efectos adversos del cambio climático y así, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.
- Fortalecer la investigación de casos de vulneraciones de derechos humanos a causa de la degradación del medio ambiente.
1.2 Acción para el empoderamiento climático[edit | edit source]
La Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) es una base legal que hace referencia al artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al artículo 12 del Acuerdo de París; la cual tiene como objetivo empoderar a todos los miembros de la sociedad para que participen en la acción climática a través de seis pilares: Educación climática, formación, concienciación pública, participación pública, acceso público a la información y colaboración internacional en cuanto a estos temas que contribuirán a una transición hacia un mundo bajo en emisiones y resistente al clima, el objetivo final de la CMNUCC.
Teniendo en cuenta estos acuerdos internacionales es necesaria la concientización al Estado, gobiernos, órganos no gubernamentales, instituciones privadas, entre otros, que es importante accionar y empoderar a todas las personas sobre el cambio climático.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Crear un Comité Nacional Interseccional del Cambio Climático conformado por un representante de cada departamento de El Salvador para prevenir y mitigar desastres por el cambio climático en el país.
- Generar espacios de diálogo interseccionales para fomentar la participación pública enfocada al medio ambiente y al cambio climático.
- Involucrar a las juventudes diversas en comités de gobiernos locales y nacionales para la formulación, redacción y aprobación de los NDC con el fin de mitigar y prevenir situaciones de riesgo derivadas de la crisis climática.
- Aplicar estrategias nacionales de ACE que reflejen las perspectivas y necesidades intergeneracionales para vivir en un mundo sostenible con cero emisiones de carbono.
- Elaborar campañas de sensibilización ambiental dirigida a la sociedad civil y a tomadores de decisiones.
1.3 Educación climática[edit | edit source]
Es urgente una Educación Ecologista, las personas jóvenes deben tener acceso a educación climática de calidad con perspectiva global para actuar en lo local; por lo que se debe incorporar en mayor medida los temas ambientales a los programas de educación y crear más espacios de formación en las comunidades para difundir conocimientos y prácticas en materia de protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Que el MINED incorpore temáticas de Sostenibilidad, Medio Ambiente, cambio climático y mitigación de daños medioambientales en las mallas curriculares de todos los niveles educativos.
- Fomentar la educación ambiental integral con enfoque basado en derechos humanos.
- Proveer capacitaciones a los docentes para garantizar la implementación de temas de sensibilización ambiental.
- Que el MINED cree equipos especialistas en cambio climático que promuevan la educación ambiental dentro de las instituciones educativas.
- Que el MINED incluya dentro de los requerimientos mínimos de graduación en el sistema de educación media y superior, la realización de actividades ambientales.
1.4 Cultura y patrimonio[edit | edit source]
Las condiciones climáticas destruyen ecosistemas que implican la transformación o pérdida de tradiciones y culturas, que deriva en una occidentalización de las mismas, es decir, pérdidas de prácticas ancestrales, tales como los modos de subsistencia, por adaptarse a la inestabilidad del medio ambiente.
Debemos afirmar de manera contundente que las personas defensoras del ambiente no son enemigos del Estado, son custodios de la herencia ancestral de nuestros pueblos, quienes han preservado los ecosistemas y biodiversidad desde tiempos milenarios y que representan patrimonios materiales e inmateriales de nuestra nación, estas personas defensoras hacen denuncias no solo cuando se violenta la protección a los ecosistemas, sino también en los lugares arqueológicos para el respeto a la cultura, tal es el caso del sitio arqueológico Tacuscalco, que en sus alrededores la Agroindustria El Paraisal cultiva hace más de 50 años caña de azúcar, aunque lo pertinente sería que estuviese libre esa zona, la siembra de caña era lo único que se permitía en la zona, no fue hasta el año 2020 que se realizaron denuncias por parte de los vecinos de la zona por los daños causados por maquinarias de la Agroindustria, es así como se puede evidenciar que las defensoras el objetivo principal es el respeto a la cultura inmaterial y material del país. Por lo tanto, resulta esencial replicar dichas prácticas ancestrales que a parte de mantener nuestra cultura son sostenibles y nos dan herramientas para luchar contra el cambio climático.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Que el MARN cese los permisos de degradación de áreas naturales protegidas, de recarga hídrica y patrimonios culturales.
- El Estado debe tomar medidas cautelares para evitar la destrucción de sitios arqueológicos.
- El Estado debe cumplir con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural en la que insta al Ministerio de Cultura a garantizar la conservación y protección de los bienes culturales.
- Que el Ministerio de Cultura promueva el arte, la cultura y el patrimonio nacional a nivel local, nacional e internacional.
- Que el MINED incluya en la malla curricular de las instituciones educativas la enseñanza del náhuatl, y sus prácticas culturales.
1.5 Acuerdo de Escazú[edit | edit source]
El Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, tiene por objetivo contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Cada Parte se compromete a garantizar este derecho así como cualquier otro derecho humano relacionado y universalmente reconocido.
El Acuerdo de Escazú está en proceso de implementación a nivel región donde El Salvador se está quedando atrás, adherirse como país ampliará de manera significativa el asidero legal del país en asuntos ambientales, fortalecería la institucionalidad pública, permitiría profundizar en la ejecución de políticas públicas y otros compromisos internacionales como el Acuerdo de París, Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros.
Considerando que no hay información suficientemente actualizada en los portales de transparencia sobre el gasto presupuestario y las iniciativas emprendidas por el Estado en temas ambientales, lo que dificulta conocer los recursos que se dirigen a proyectos ambientales; lo que se vincula con el hecho de que El Salvador no se ha adherido al Acuerdo de Escazú, despegándose del compromiso por propiciar una rendición de cuentas y acceso a la información, justicia y participación de sectores sociales en la toma de decisiones en cuanto a la protección del medio ambiente.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Se insta a El Salvador a que se adhiera como Estado parte al acuerdo de Escazú, y reconsidere su postura para garantizar los Derechos de acceso a la información y la transparencia.
- El Estado NO debe hacer caso omiso a su responsabilidad con los acuerdos, tratados y convenios internacionales que ha adoptado debe de hacer frente al compromiso que ha asumido ante la comunidad global.
1.6 Formulación de políticas y gobernanza[edit | edit source]
Existen herramientas, instituciones y leyes que están enfocadas a la protección de nuestros recursos, pero estas leyes son carentes y con muchos vacíos. Un claro ejemplo de esto es el no cumplimiento de los artículos 105 y 106 de la Ley De Transporte Terrestre Tránsito Y Seguridad Vial, en donde se exige que para cada refrenda de la tarjeta de circulación de un vehículo se realice un examen de emisión de gases (La vigencia de este certificado es de 1 año), pero en la práctica, no se hace valer.
Debemos avanzar a un modelo de democracia y gobernanza ambiental, se necesitan espacios de diálogo para la resolución temprana de conflictos socio ambientales en donde las voces de las comunidades y territorios sean las verdaderas protagonistas en la toma de decisiones, garantizando la protección de los bienes comunes naturales y los derechos ambientales de las personas, con particular énfasis en aquellos grupos que han sido dejados atrás históricamente, como las mujeres, los pueblos indígenas, personas con discapacidad y las juventudes.
Por lo que las juventudes salvadoreñas proponemos:
- Formular políticas públicas eficaces que mitiguen, prevengan, y actúen frente al daño ambiental.
- Incluir a las juventudes diversas en la formulación y ejecución de políticas públicas y de las NDC , financiamiento y apoyo en la promoción de la participación de comunidades en espacios de incidencia, local, nacional e internacional.
- Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y nacionales en materia de recursos financieros, humanos y técnicos, para una adecuada gestión ambiental.
- Realizar una evaluación minuciosa sobre las aptitudes al elegir a funcionarios públicos que ostentan cargos de alta importancia y capacitarlos con respecto a temas ambientales.
- Reformar la Ley de Medio Ambiente utilizando mecanismos de participación popular que brinden la capacidad de que los ciudadanos realicen espacios de consulta para la toma de decisiones en cuanto a la utilización de sus recursos naturales.
